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Comunicado de Juan Pintos, detenido/encarcelado/condenado por el montaje del 4F

Ante todo el revuelo mediático producido por el pase de “Ciutat Morta” en la televisión pública catalana, y como encausado/encarcelado/condenado por el montaje policial del 4F, creo necesario dar a conocer mi opinión respecto a la reapertura del caso, la búsqueda de responsables y/o culpables y la relación con los medios de comunicación.

Mi interés en dejar clara mi postura se debe sobre todo a lo sucedido estos últimos días, con declaraciones en los medios de comunicación (masivos o alternativos) sobre la existencia de un “verdadero culpable” o sobre la búsqueda de responsables políticos/judiciales/policiales concretos, con nombre y apellido. Declaraciones que no comparto en absoluto y que muchas veces, por falta de rigor o por manipulación, se dieron a conocer como la postura de “lxs condenadxs por el 4F”.

Creo que el 4F, lamentablemente, no es la excepción en la normalidad policial/judicial, sino una muestra del funcionamiento habitual de las instituciones. Los montajes se repiten, con distintxs protagonistas, todo el tiempo, ya sea para criminalizar un movimiento, para justificar nuevas leyes de “seguridad” o simplemente para mantener rentable el entramado empresarial/carcelario. Y en esta realidad, buscar a lxs supuestxs responsables del 4F es pedirle al sistema, que es por definición injusto y violento, que se señale a sí mismo, algo que sinceramente no creo que suceda. O peor, es darle a las instituciones la oportunidad de “depurar” responsabilidades, de apartar “manzanas podridas” que alteran el funcionamiento correcto e imparcial de la policía, la justicia y la política. Hacer algo así es erigir, una vez más, al estado como garante y guardián de “lo justo” y “lo verdadero”, cuando en realidad es el estado mismo que funciona y se mantiene gracias a las torturas, los encarcelamientos y la violencia de sus cuerpos armados.

¿Qué se puede lograr destituyendo a un cargo político? ¿Qué se puede lograr con dos policías encarcelados? ¿Qué se puede lograr apartando a una jueza de su cargo? Sinceramente creo que nada más que una escasa satisfacción personal que me es ajena.

Alguien ocupará ese cargo y continuará asegurando el idéntico funcionamiento de la institución, otros policías patrullarán las calles, otros jueces dictarán penas de cárcel.

No quiero, ni necesito, que el mismo sistema que nos detuvo, torturó, juzgó y condenó se legitime ahora como garante de la verdad y la justicia. Creo que personalizar la responsabilidad del montaje que nos encarceló es una manera de negar la realidad del sistema en el que vivimos, donde las detenciones arbitrarias, las palizas y los juicios condenatorios son la norma y no la excepción.

No quiero, ni necesito, ver a más personas en la cárcel.

No quiero cambiar la oportunidad de un cuestionamiento radical, quizás menos comercial pero infinitamente más útil, por más minutos en el aire de sus mass media, por más líneas en sus periódicos, por más promesas de “investigación”.

Creo que es momento de trazar una línea que conecte todos los montajes que realiza el estado y darse cuenta, quien todavía no lo haya hecho, que la realidad es que el estado (ya sea español, catalán o el que ustedes elijan) es responsable en su totalidad de los encarcelamientos, torturas y humillaciones que sufren todos los días un número impresionante de personas.

La Operación Pandora, Alfon, Mónica y Francisco, el 4F, el 9F, Núria, el caso de Torà, migrantes en los CIEs y así podría seguirse indefinidamente, no son casos aislados; éste es el comportamiento de un sistema criminal, y pedirle explicaciones a ese mismo sistema es entrar en un juego que está perdido de antemano.

Las respuestas están en la calle, en la organización entre afines, en el rechazo práctico y diario a sus estructuras de poder y maltrato, y no en platós de televisión, palacios judiciales ni voceros del estado.

Mientras el 4F o cualquier otro caso sea vivido y mostrado como una anécdota, como victimización de tal o cual persona, es imposible cuestionar la totalidad del problema, y así sólo llegarán “soluciones” parciales, falsas desde su origen y que continuarán fortaleciendo al estado en su rol de mediador, protector y guardián de la ciudadanía. Creo que la única forma de que estas situaciones no se repitan es dejar de lado los egos, la victimización y la necesidad de una venganza personalizada con nombre y apellido.

Entiendo, y no soy quien para cuestionarlo, que exista una diversidad de posturas respecto a la situación del 4F, pero creo que es necesario dejar bien claro que no me representa en lo mas mínimo el camino que se ha recorrido este último tiempo, como mínimo desde la emisión de “Ciutat Morta” en tv3.

Creo que tener el conocimiento de la podredumbre total y absoluta de las instituciones debe ser una herramienta para que los cuestionamientos se vuelvan globales, es decir que tener la certeza de que las instituciones funcionan así debe ser el principio de los planteamientos radicales que buscan un cambio completo en la forma de relacionarse, y no una excusa para justificar la inacción o la pasividad.

Mi postura, cruda y crítica hacia el sistema en general, no es un llamado a la resignación sino a una radicalización de las prácticas diarias que existen por fuera de sus estructuras, a un crecimiento de los espacios fuera del control estatal, y creo que en ese camino es necesario aprovechar cada grieta en el funcionamiento del sistema para profundizarlas, hasta que la situación se les haga insostenible.

Dicho esto, sólo me queda pedir vuestra solidaridad activa con todxs lxs que están sufriendo, ahora mismo, aislamiento, maltrato y cárcel por sostener y defender sus ideas.

Libertad para todxs o libertad para nadie.
Salud.

Juan Pintos, detenido/encarcelado/condenado por el montaje del 4F

 

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SOBRE EL CONFLICTO DE GAMONAL

Esta informacion me la paso una amiga y me aclaro unas cuantas cosas. Aqui va:

Como siempre que un conflicto estalla, las causas rara vez se pueden explicar con lo que sucedió el día anterior. Para entender qué está ocurriendo en Burgos y a qué viene la durísima oposición de los vecinos a un simple aparcamiento hay que remontarse mucho. Al menos un par de décadas, si no más.

Durante años, antes incluso de la llegada de la burbuja inmobiliaria, Burgos fue una de las ciudades con la vivienda más cara de España, solo superada entre las capitales de provincia por Madrid, Barcelona y San Sebastián. ¿La causa? A simple vista parecía inexplicable. Burgos no es ni mucho menos una gran urbe, unos 180.000 habitantes. Su población es estable desde hace años y, comparada con otras, apenas ha recibido inmigración. No tiene tampoco ninguna barrera natural para su expansión: está en mitad de un llano, sin esos límites que en otras ciudades pone la montaña o el mar. No tuvo tampoco un desarrollo económico excepcional: ni es un Silicon Valley, ni ha vivido ningún repunte industrial. Es una ciudad conservadora donde nunca parecía pasar nada, más allá de esa aparente maldición que obliga a la mayoría de los jóvenes a escapar. Conozco bien de lo que hablo. Nací en Burgos, estudié un año allí, en el Instituto Cardenal López de Mendoza, y gran parte de mis compañeros de estudios viven hoy en Madrid, forzados a emigrar por la falta de oportunidades en la ciudad.

Solo hay una razón que pueda explicar por qué en Burgos la vivienda se disparó: la corrupción urbanística. Durante años, un constructor y sus amigos manejaron las recalificaciones del Ayuntamiento, que controlaba la derecha. Ese constructor se llama Antonio Miguel Méndez Pozo, aunque todo el mundo le conoce como Michel Méndez Pozo. O como “el jefe”. No solo se dedica al ladrillo. Es también dueño del Diario de Burgos, el periódico más leído y con más influencia en la provincia.

Con una mano, Méndez Pozo controlaba las listas de la derecha al Ayuntamiento, donde llegó a amparar una candidatura de “independientes” contra la lista de Alianza Popular. Con la otra, manejaba la política urbanística de la ciudad. Sus componendas con el Ayuntamiento llegaron a juicio a principios de los noventa. El propio José María Aznar –entonces presidente de la Junta de Castilla y León y líder regional del partido, además de amigo íntimo de Méndez Pozo– tuvo que declarar por sus estrechas relaciones con el constructor; Aznar reconoció que le pedía su “opinión”, que era su asesor para temas urbanísticos. En 1992, el alcalde de Burgos, José María Peña, fue condenado por prevaricación a doce años de inhabilitación para cargo público. A Méndez Pozo le cayeron siete años y tres meses de prisión. Sin embargo, el constructor solo cumplió nueve meses antes de salir de la cárcel en tercer grado. Más tarde, el Gobierno de José María Aznar indultó al alcalde Peña, que volvió a presentarse a las municipales y salió elegido concejal (Burgos es así).

La cárcel no fue un obstáculo en la carrera de Michel Méndez Pozo. Al contrario. Tras pasar por la trena, no solo no se convirtió en un apestado sino que aumentó aún más su fortuna, sus relaciones y su poder. Su grupo de comunicación, Promecal, se expandió a Castilla-La Mancha. Allí puso en marcha varios periódicos que fueron muy leales al PSOE hasta que ganó el PP. De paso, sacó tajada: sus empresas constructoras están entre las principales deudoras de la quebrada Caja Castilla-La Mancha. En Valladolid, se alió con el grupo PRISA para lanzar otro periódico, El Día de Valladolid. Puso en marcha la delegación autonómica para Antena 3, y también pactó con su antiguo rival, el constructor leonés José Luis Ulibarri, para montar juntos la televisión autonómica semipública –la paga la Junta– de Castilla y León.

Burgos fue y ha seguido siendo el bastión de Méndez Pozo. Con la ayuda del periódico, se ha impuesto antes y ahora al propio Partido Popular, en una extraña relación donde un hombre que nunca ha sido militante del partido es el auténtico poder. Los alcaldes cambian, y Méndez Pozo permanece. El Diario de Burgos un día calla y al otro se convierte en referente del periodismo de investigación, al destapar un escándalo con la factura telefónica de uno de los concejales del Ayuntamiento, casualmente uno con mala relación con el constructor. De fondo de estos navajazos, un proyecto: el del aparcamiento en el barrio obrero de Gamonal. El Vallecas de Burgos

Para entendernos, Gamonal es el Vallecas (o el Hospitalet) de Burgos: un antiguo pueblo en las afueras de la ciudad que acabó anexionado por la capital provincial. El franquismo llevó a Gamonal el mayor polígono industrial de la ciudad y la inmigración rural convirtió el antiguo pueblo en un barrio obrero de aluvión, de inmensos bloques de pisos de ladrillo visto, donde hoy viven cerca de 70.000 personas en el barrio más densamente poblado de la ciudad.

La principal avenida de Gamonal, esa calle Vitoria donde el alcalde quiere construir el aparcamiento, es la antigua carretera N-1, que unía al antiguo pueblo con la ciudad. Por las noches, funciona un pactado sistema de aparcamiento en doble fila. Los vecinos se organizan entre ellos, según sus horarios, para dejar sus coches sin el freno de mano puesto. El barrio, tan poblado, apenas tiene aparcamientos. Cuando se construyó, los obreros no tenían coches. Hoy Gamonal, donde el paro se ha disparado, es el barrio de Burgos donde más se nota la crisis, donde viven las personas más castigadas por la situación económica.

Los vecinos se oponen al aparcamiento porque dejará la vía que une el barrio con el centro de la ciudad con solo un carril en cada dirección –ahora hay cuatro–, y porque se quedarían sin sitio donde aparcar. Los nuevos aparcamientos serán muy caros: 19.800 euros por cada plaza, que además no es en propiedad sino en alquiler por 40 años, por lo que después no se podrán vender con facilidad. Además, los vecinos no entienden que esa obra de 8 millones de euros sea la prioridad en un barrio sin apenas equipamientos y en un Ayuntamiento cuyas cuentas están al borde de la bancarrota.

Por supuesto, detrás del aparcamiento en Gamonal hay una sombra, omnipresente en la ciudad: la de Méndez Pozo. Ha sido una de sus empresas quien ha diseñado el proyecto y es la constructora de uno de sus socios habituales quien se ocupará de llevarla a cabo, si es que los vecinos no la logran parar.

El Ayuntamiento confiaba en acabar con las protestas por la vía habitual: con el apoyo de los medios amigos. En Burgos hay dos diarios, ambos conservadores. Uno es de un imputado en la Gürtel, el otro de un condenado por corrupción. El Diario de Burgos es de Méndez Pozo y el otro periódico de la ciudad, El Correo, es de su socio en la televisión autonómica, José Luis Ulibarri, otro constructor leones, imputado en la Gürtel. El Correo, para más señas, se distribuye de forma conjunta con El Mundo. Además de con Unidad Editorial, el imputado Ulibarri también ha cerrado acuerdos con el grupo Vocento –editor de ABC–; ahora está aliado con EsRadio, la emisora de Jiménez Losantos. Todos estos negocios entre los editores de Madrid y los prohombres del ladrillo castellano explican también por qué el nombre de Méndez Pozo apenas se conoce fuera de Burgos.

Sin embargo, el apoyo de los periódicos de Burgos no ha servido en esta ocasión para acallar las protestas. El Ayuntamiento ha olvidado algo fundamental: que ahora existe Internet y las redes sociales, donde la información es mucho más difícil de controlar.

Gamonal no es muy distinto a otros barrios obreros. Pero nadie podría imaginarse que fuese una ciudad aparentemente tan conservadora como Burgos donde se viviese un estallido así. Los turistas que visitan la Catedral olvidan que un tercio de sus habitantes vive muy lejos del elegantepaseo del Espolón, en el barrio obrero de Gamonal.

El PP está alarmado y ha llamado a capítulo al alcalde de la ciudad, Javier Lacalle. Su miedo es razonable. Lo que hemos visto en Burgos no es muy distinto a lo que ha pasado antes en otros disturbios como los de Londres o París. O a lo que podría pasar en otras ciudades españolas. Por mucho que el PP quiere mezclar esta protesta con la kale borroka, asegurando que los jóvenes violentos venían de otra ciudad –han inventado el “turismo manifestante”–, la realidad es que los detenidos son tan de allí como la morcilla o la catedral. Es lo que pasa cuando el paro juvenil se dispara y hay una última gota que desborda el vas’o.

Dice Noam Chomsky que la violencia nunca surge de la nada. Tampoco en Gamonal.